Quienes expresamos con regularidad nuestra opinión en los medios de comunicación, somos conscientes del valor relativo de ellas y del privilegio que supone poder hacer públicas estas reflexiones, con independencia del número de personas que las lean.
En consecuencia, al escribir, siempre me guío por dos principios: respeto a los demás y sentido de la responsabilidad.
John F. Kennedy daba un sabio consejo para los tiempos de crisis: “Sé consciente del peligro pero reconoce la oportunidad”.
a crisis ocasionada por la pandemia ha puesto de manifiesto –independientemente del nivel de satisfacción que a cada ciudadano le haya producido la gestión-, las dificultades encontradas para enfrentarse a ella con un sistema político-territorial como el vigente en España. Las disfunciones han quedado claras a la hora de coordinar políticas sanitarias, implementar medidas, adoptar decisiones, distribuir recursos, informar y rectificar errores.
Estos hechos deberían hacernos reflexionar a todos, sobre todo a la clase política, acerca del nivel de equidad y eficacia de nuestro régimen autonómico, y de la conveniencia de aplicar las correcciones necesarias que permitan dar solución a las disfunciones observadas y armonizar con equidad su funcionamiento.
Con el sistema educativo, basado en la transferencia total de competencias a las CC.AA., ocurre algo similar: improvisación y diversidad de criterios para la planificación del nuevo curso escolar, cuando falta menos de un mes para su comienzo. Esta situación debería hacer reflexionar a todos los partidos políticos sobre la urgente necesidad de armonizar criterios también en el ámbito educativo.
Coincidiendo con estos hechos, he tenido ocasión de leer una tesis doctoral realmente interesante: “La equidad del Sistema Educativo Español. Estudio comparado de las CC.AA.”, de la que es autor Daniel Turienzo Fraile.
Como resultado final de su trabajo, el autor obtiene una conclusión similar a la que he dejado expuesta en los párrafos anteriores sobre el Sistema Sanitario Español. Tras reconocer las ventajas de las autonomías en cuanto a la mejora de los resultados en materia educativa, añade: “Sin embargo, existe la amenaza de la desigualdad y la falta de equidad entre centros y zonas, así como la posible fragmentación del sistema educativo.”
Turienzo justifica esa desigualdad educativa en las inequidades sociales entre los diferentes territorios autonómicos; inequidades que, si no se corrigen, disminuirán paulatinamente la igualdad de oportunidades y la movilidad social en función del territorio en el que se resida.
Y propone la conveniencia de implementar mecanismos dirigidos a detectar y compensar las posibles desigualdades e inequidades que se producen entre los ciudadanos de diferentes regiones pero, sobre todo, entre diferentes grupos sociales.
Añado yo un tercer pilar sobre el que reflexionar, por estar íntimamente vinculado a las medidas para combatir la crisis: el régimen de financiación autonómica actual, porque podría seguir aumentando la brecha de desigualdades entre regiones.
La situación que estamos viviendo debería constituir una oportunidad para despertar la solidaridad entre territorios y la idea de que unidos, sin mengua del respeto a las peculiaridades de cada cual, combatiremos mejor la crisis.
Hoy más que nunca se ve clara la urgente necesidad armonizar el régimen autonómico, por razones de justicia, eficacia y hasta de supervivencia. @mundiario