Es una obviedad que los pactos que alcanzan los partidos políticos con representación parlamentaria son legítimos: todos los pactos y todos los partidos, sin exclusiones, pues todos representan a sus votantes.
Y cuando alguien está en desacuerdo con la legalidad de lo aprobado, tiene a su disposición los recursos correspondientes propios de un Estado de Derecho.
Por lo tanto, no puede haber reproche legal a los presupuestos para el 2023, tras haber sido rechazadas las enmiendas a la totalidad por 186 votos. Ahora bien, tampoco se puede recriminar a la oposición el que no preste su voto, pues tiene su propia opinión.
an constitucional y legítima es la mayoría que los aprobará, como lo será la minoría que se oponga.
En un alarde de euforia, la ministra María Jesús Montero comparó la aprobación de los Pactos de la Moncloa con el apoyo prestado a estos presupuestos por ERC, PNV y BILDU.
Como no puede tratarse de una broma de mal gusto, hay que pensar que, dada la fecha de su nacimiento, año 1966, quien le ha contado cómo fue aquello, se lo ha contado mal, y ella no los ha leído.
Los Pactos de la Moncloa de octubre del año 1997 fueron suscritos por el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez y los representantes de UCD (Calvo Sotelo), PSOE (González), PCE (Carrillo), PSP (Tierno), Federación Catalana del PSOE (Triginier), Convergencia Socialista de Cataluña (Raventós), PNV (Ajuriaguerra), C i U (Roca) y Alianza Popular (Fraga).
Dos días después eran ratificados por unanimidad en el Congreso de los Diputados, con la abstención del representante de Izquierda Republicana de Cataluña, señor Barrera; en el Senado los votos en contra fueron 3 y dos las abstenciones.
Hay que añadir las adhesiones expresas de asociaciones empresariales y sindicales, con la excepción de CNT.
Recuerdo: las enmiendas a la totalidad de los presupuestos para el año 2023 fueron rechazadas por 189 votos.
Nadie podrá negar que en el año 1977 hubo una voluntad generalizada de acuerdo, con cesiones importantes por parte de todos los grupos, y transacciones equilibradoras y posibilistas, tal vez porque estaba en juego la estabilidad del régimen que se iniciaba. Hoy, todos creen que lo tienen asegurado, además hay una notable diferencia entre la altura de miras de quienes componían aquellas Cortes y los que se sientan hoy.
Los Pactos de la Moncloa se firmaron porque el mejor acuerdo posible es aquel que no deja plenamente satisfecha a ninguna de las partes.
Mayoría legítima presupuestaria, sí, lo digo una vez más; pero la memoria nos recuerda aquello de que el señor Sánchez nunca pactaría con los separatistas ni con Podemos, porque le quitarían el sueño: o lo dijo con la boca chica hace cuatro años o mintió.
Hay otra cuestión sobre la tramitación de los presupuestos, pero, en términos de conjetura: la aparente falta de transparencia en cuanto a los posibles acuerdos con quienes les prestan sus votos -indultos, presos y concesiones diversas.
¿Es casualidad que ahora se esté hablando de la necesidad de adaptar el Código Penal español a los de otros países de nuestro entorno que no contemplan penas tan altas para el delito de sedición.
Como no sé Derecho Penal, me limitaré a decir en voz alta lo que me dicta el sentido común: la Constitución de ningún país facilitaría la secesión impune, unilateral y abrupta, de una parte de su territorio.
Finalmente, el señor Sánchez en su día estuvo conforme con la imputación a los golpistas del doble delito de rebelión y sedición, y ahora la pena por sedición le parece excesiva: ¿han cambiado los países de nuestro entorno la legislación sobre esta materia en los últimos años?
El señor Sánchez “mutta d´accento e di pensiero” con ligereza, como en la conocida aria “La donna é mobile”. @mundiario
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