Desde hace algún tiempo han proliferado los ataques abiertos a la Constitución y a los símbolos e instituciones del Estado. Así sucede cuando se hacen propuestas que no caben en la Constitución. Con la Monarquía está sucediendo lo mismo, utilizando como coartada determinados episodios, penosos y criticables, de la vida de Juan Carlos I, con olvido de la prudente actuación y tacto de Felipe VI, que se ve rodeado de insidias, desprecios y aislamiento.
El tercer pilar sobre el que algunos están actuando con grave irresponsabilidad, es el poder judicial. La sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal el primer estado de alarma ha sido criticada con dureza extraordinaria por el Gobierno y los partidos que lo sustentan. El Presidente la ha calificado de “decisión sin precedentes”; Margarita Robles, magistrada con larga experiencia, ha dicho a sus colegas del TC que en la sentencia hay “elucubraciones doctrinales”; Ione Belarra afirmó que “la oposición al Gobierno la están haciendo los jueces”; Irene Montero habla de que “el PP ha secuestrado a los órganos constitucionales de nuestro país”; y ha habido algún socialista que la ha calificado de “sentencia política y no jurídica”.
El juez y ministro Marlaska quitó importancia a estas y otras declaraciones, como el que se quita la caspa de encima: “no son ataques del Gobierno sino valoraciones.”
LOS INDULTOS
Pedro Sánchez justificó los indultos diciendo que la Constitución es “concordia y no revancha”, con lo que parecía dar a entender que la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo era represalia de España contra Cataluña. Pues no señor: la convivencia está basada en La Ley y la aplicación de la ley nunca puede considerarse revancha.
Se presentaron recursos ante el Tribunal Supremo contra la concesión de los indultos, y la Ministra de Justicia respondió en una entrevista para El País que le parecía “bastante improbable” la anulación de los indultos por parte del T.S. El vaticinio de la ministra del ramo no parece muy respetuoso con la Justicia.
LA RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL
Coincidiendo con estos hechos se están produciendo debates, día sí y día no, cada vez más broncos, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace tres años, lo que supone un flagrante incumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Hoy, su composición, en parte, responde al reparto de escaños en el Congreso y el Senado entre los diferentes partidos políticos, con lo cual se traslada la contienda política a su elección. El debate se centra en la conveniencia urgente de modificar, o no, el sistema de elección, mientras PP y PSOE, los dos partidos máximos responsables de la situación, se culpan recíprocamente del incumplimiento.
El Rey, el día de la apertura del año judicial, en conversación informal posterior con políticos de diferentes partidos, les dijo: “Os ha leído la cartilla a todos”, en directa alusión al claro y firme discurso del presidente del Tribunal Supremo.
Entre tanto, hay muchos mirones complacidos que observan el deterioro institucional y se frotan las manos con complacencia, bajo el mezquino principio “cuanto peor mejor”, unos porque ven más cerca el deseado cambio de régimen, otros porque lo consideran útil para sus propósitos separatistas.
La credibilidad en la independencia del poder judicial es fundamental para la convivencia. ¿No serán capaces de salir del atolladero? Una vez más: no nos merecemos esto. ¿Hemos de tirar la toalla ante semejante ruindad? @mundiario
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