La ley es el soporte del Estado de Derecho: ciudadanos e instituciones se someten a la ley en régimen de igualdad, para facilitar la convivencia.
Es consustancial a él, la existencia de un procedimiento de control sobre el cumplimiento de la ley, así como la previsión de sanciones por su inobservancia. De no existir ambas cautelas, la norma perdería sentido y la convivencia se convertiría en caos. ¿Qué sucedería si el tráfico de vehículos careciera de un sistema de vigilancia y penalizador del incumplimiento de su normativa?
Quiero referirme a la relación entre el Estado de Derecho y la crisis actual. Empecemos por las normas: diferentes en las 17 comunidades autónomas, algunas de contenido confuso, difícil control y hasta contradictorias. Las disfunciones del Estado de las autonomías han quedado en evidencia, sin que se hable de soluciones estables para el futuro. Esa normativa dispersa genera ciertas dificultades para su control, añadamos que los medios de control son insuficientes, según puede comprobar cada ciudadano en la calle: ¿Es frecuente ver a un agente de la autoridad llamar la atención a un ciudadano?
Si los efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía resultan insuficientes, el Gobierno no debería tener reparo en utilizar el ejército para una tarea humanitaria de vigilancia, similar a la que desempeña en misiones de este tipo en otros países. Es cierto que un sector de la población lo consideraría un ataque a la libertad; pero el bien común y la situación de emergencia nacional –sanitaria, económica y social- justificarían la decisión.
Las meras recomendaciones sobre comportamientos no han dado resultado y las normas de obligado cumplimiento dictadas caen en una parte de la población con el mismo efecto que la semilla sobre un pedregal.
La mayoría de los españoles siente indignación ante las imágenes que ofrecen los medios de comunicación sobre el comportamiento, supuestamente festivo, de jóvenes y menos jóvenes irresponsables, inconscientes, insolidarios, inhumanos, crueles, egoístas, enajenados por el alcohol, las drogas, el estruendo de la música y la confusión multitudinaria.
En resumen, para este sector de población sobran las normas y la vigilancia, por lo que resulta imprescindible la penalización disuasoria. El procedimiento habitual es la apertura de un expediente sancionador por denuncia de los agentes, que, transcurridos meses, finalizará con la imposición de una multa pecuniaria, cierre de un establecimiento, u otras consecuencias.
Más efectiva sería una sanción inmediata que les mostrara lo que ellos se niegan a ver o no quieren respetar: el sufrimiento de los contagiados; la situación límite de los hospitales; la entrega abnegada de los sanitarios, que soportan un alto índice de probabilidad de contraer la enfermedad; el trabajo del personal de limpieza, lavandería, celadores y otros auxiliares; y, finalmente, el sufrimiento de las familias de los enfermos.
Nada de multas: trabajo comunitario en el sector sanitario –incluyendo los servicios fúnebres- durante los fines de semana, para empaparse del daño real que genera su actuación: limpieza, lavandería, traslado de enfermos, visita a la UVI y servicios funerarios. Si además de irreflexivos son “negacionistas”, podrán comprobar que el virus no es una entelequia creada por una sociedad opresora: existe y genera muerte y sufrimiento, además de otros daños colaterales de carácter económico y social. @mundiario