Cuando oímos las palabras pródigo y prodigalidad, solemos pensar en la parábola evangélica del hijo que abandona el hogar, dilapida su fortuna y regresa arrepentido a la casa del padre, que le perdona.
Jurídicamente, la prodigalidad es la conducta de una persona que disipa y malgasta con habitualidad los bienes propios de forma desordenada. Este comportamiento puede tener consecuencias para el declarado judicialmente pródigo, que pierde la administración de sus bienes.
El concepto de pródigo podría aplicarse también, con matices, desde luego, a los dirigentes del Partido Popular que han malgastado de forma desordenada una parte importante de su credibilidad y de la institución. Diría más: se trata de una prodigalidad agravada, porque los bienes inmateriales que han malgastado eran patrimonio de un número innominado de afiliados, simpatizantes y votantes.
Habría que aplicarles la norma protectora que contempla la prodigalidad, es decir, encomendar la administración del partido a personas merecedoras de crédito, tal y como parece que está sucediendo.
Durante meses han dilapidado sus posibilidades de alcanzar el Gobierno del Estado, a partir del categórico “Hasta aquí hemos llegado, señor Abascal”.
Han pisoteado las más elementales normas de la ética política, al despreciar a un partido como Vox, gracias al cual gobiernan en ayuntamientos y comunidades autónomas, con el que se niegan a dialogar, pero con el que tendrán que seguir pactando si aspiran a gobernar en algún sitio.
Han dejado ir por el desagüe una parte importante de los votos obtenidos en las comunidades autónomas de Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia y Ayuntamiento de Madrid, porque han defraudado a sus votantes.
Han sufrido unos celos enfermizos, porque algunos creían que peligraba su futuro; un futuro que, tal vez, se acabaría en el momento en que tuvieran que abandonar la actividad política.
Han derramado su fiabilidad, al obtener una información que no está al alcance de cualquiera, tal vez obtenida por medios inconfesables; han actuado como inquisidores de una compañera, al intentar someterla a vigilancia a ella y a su entorno afectivo más próximo, para utilizar la información obtenida como arma disuasoria.
Han perdido crédito al ocultar durante meses una información tal vez constitutiva de delito, según ellos, en vez de ponerla en conocimiento de la justicia.
El tiempo dirá si quien ha sufrido directamente las consecuencias de este ataque de celos y este desorden en la gestión de las discrepancias, ha actuado éticamente. Lo que se ha divulgado hasta hoy parece tener apariencia de legalidad; ahora bien, y esto no es sino una opinión más, cuando se ocupan puestos con determinadas responsabilidades, además de cumplir la legalidad, parece necesario comportarse con una cierta elegancia o estilo, para que nadie pueda decir aquello de manca finezza.
También se podría decir algo de los que declaran: “son asuntos internos, no podemos entrar en ello”; de los que han adoptado un silencio pragmático, con apariencia de delicadeza; de los que han invocado una “moción de censura”, para sacar el cuello cuando se están ahogando; de los que no se conforman con echar gasolina y arriman, además, la yesca; de los que callan las miserias propias que están en los tribunales de justicia;…
Entre tanto, perplejidad en la calle, en los que nos limitamos a votar cada cuatro años; y pena, mucha pena por esta España capaz de destruirse a si misma por celos y ambición. @mundiario
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