Este Gobierno no deja de sorprendernos: un día puede ser la escenificación del idilio político que une a Sánchez y a Yolanda, con paseíllo por los árboles del jardín de La Moncloa; otro son las contradicciones entre los que se sientan a la mesa del Consejo de Ministros, no se sabe si porque van de oyentes o porque no cuentan con ellos; añadan el carnet para mascotas, errores garrafales, salidas de tono, explicaciones que nada resuelven sobre el coste de la energía, variaciones en las previsiones de crecimiento,…

Esta semana la ministra Montero es la protagonista: la ley de los alquileres es “una ley preciosa”. Las leyes tienen que ser claras y eficaces, y suelen ser farragosas –ahí están los frecuentes recursos ante los tribunales-, con infinidad de salvedades, excepciones, casuística, circunloquios, … Explicó las bondades de la ley y, al día siguiente, aparecieron las rectificaciones, aclaraciones que nada aclaran, contradicciones y puntualizaciones. Y es que, por lo que se ve, aprueban las normas antes de redactarlas.

Se trata de una ley efectista y no eficaz. En primer lugar porque varias comunidades autónomas del PSOE y del PP, han anunciado que no la aplicarán, dado que se trata de una competencia transferida.

Por otra parte, los resultados en otros países europeos que adoptaron medidas semejantes, dieron lugar a la reducción de la oferta de viviendas en alquiler, con el consiguiente aumento de los precios.

Finalmente, olvidan que quien hace la valoración definitiva es el propietario, que valorará el riesgo de cada candidato a “su” vivienda y, naturalmente, siempre optará por el inquilino que tenga un contrato de trabajo fijo, presente un aval satisfactorio, tenga menos familia o, sencillamente, le ofrezca más confianza.

Con este afán intervencionista, carente de realismo, no se resolverá el problema de la vivienda de los más necesitados. En tres años de gobierno han tenido tiempo suficiente para realizar un programa de vivienda pública de alquiler, pero es más sencillo y cómodo meter la mano en el patrimonio de los ciudadanos. Por este mismo proceso intervencionista podrían caer en la tentación de resolver el extraordinario problema de la deuda pública española, obligan a comprar deuda pública española.

A este despropósito hay que añadir el bono para vivienda –que todavía no saben cómo va a funcionar-, la subida de los sueldos a los funcionarios y de las pensiones a los jubilados, en una situación como la que estamos viviendo.

No querría dejar al margen el llamado bono cultural para los jóvenes que cumplan 18 años el año próximo y el 2023, si prorrogaran los presupuestos, descaradamente electoralistas. ¿Será válido para una discoteca o bar de copas, consumación incluida, por el hecho de incluir el precio de la entrada la actuación de un monologuista chabacano y soez? La misma pregunta podría hacerse en relación con la compra de aparatos electrónicos o conciertos de raperos. Lo que sí sabemos es que los espectáculos taurinos son cultura … no incluible.

Recordemos los “400 euros” de Zapatero el año 2008 – de elecciones generales– y los 8.000 millones de su Plan E, que fueron a parar al desagüe del gasto público inútil.

¿Permitirá la U.E que una parte importe de su ayuda no reintegrable se destine a finalidades como las indicadas y a otras de apoyo a los múltiples chiringuitos y corralitos refugio de paniaguados; o exigirá que se apliquen a reformas estructurales transformadoras? @mundiario
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