Yolanda Díaz suele generar críticas cada vez que habla, porque el asunto es controvertido, por errores técnicos, desconocimiento, disparates gramaticales o frases ininteligibles.

Cuando inició la campaña para la jornada laboral semanal a 37,5 horas, afirmó, como si se tratase de un axioma, que la medida “mejorará la productividad”. Poco después añadió que había que “repartir la productividad”.

Pero la UE se apresuró a aclarar que el crecimiento de la productividad en la UE es “bajo, desigual y se encuentra en proceso de desaceleración.”

Ha arriado velas y pospone la medida hasta el año 2026.

Entre tanto, podrá aclararnos si, cuando habla de “reparto de la productividad”, se refiere a mejorar los salarios cuando aumente aquélla. Tal vez proponga que consten de dos tramos: uno fijo y otro variable en función del aumento de la productividad. ¿O lo que ella quiere es café con leche para todos?

También podrá reflexionar sobre los factores de los que depende la productividad -trabajo, capital y coordinación por parte del empresario- y comprender que el trabajador debe ser eficiente, la producción debe contar con las inversiones adecuadas para incrementar el rendimiento y al empresario hay que exigirle coordinación y adaptación permanente a las circunstancias.

En política exterior también se le ha visto el plumero. Aplaudió con efusión cuando Sánchez reconoció al Estado palestino -sin reparar que lo anunció en una visita a Israel y que la UE consideró que no era el momento oportuno. Hoy, tras dos meses de las elecciones en Venezuela, sigue pidiendo a Maduro las actas electorales, en aras de la transparencia, pese a que la UE y las Cortes Españolas han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo.

La pasada semana manifestó su contrariedad por el hecho de que las empresas del sector turístico estén ganando más que nunca, precisamente con este Gobierno. Ministra de Trabajo sí, pero lerda en economía y desmemoriada, pues desprecia a los casi 3 millones de trabajadores que atienden a los 95 millones de turistas que visitarán España este año, quienes, con su gasto, generan un 13 % del PIB.

En materia de vivienda también ha dado a conocer su propuesta estrella: prohibir en las zonas con alquileres tensionados, la compra de viviendas que no sean para residir. Una limitación a la propiedad privada, que nada tiene que ver con su función social, preconizada en la Constitución.

Si tienen voluntad de facilitar el alquiler de viviendas, promocionen las viviendas de alquiler; resuelvan con eficacia la ocupación de viviendas; agilicen los desahucios por falta de pago del alquiler y que se ocupen las administraciones públicas de resolver el problema de las familias vulnerables, pero no a costa de los propietarios; faciliten la cesión del derecho de superficie sobre terrenos públicos para la construcción de viviendas de alquiler.

Y, sobre todo, responda: ¿cuántas viviendas públicas, en alquiler o para la venta, han promovido desde el año 2018?; ¿por qué ha aumentado desmesuradamente el número de pisos turísticos, legales e ilegales, en los últimos años y qué consecuencias tiene sobre el alquiler residencial?; ¿por qué España es el país de la UE con el índice de miseria más alto?

Señora Díaz, usted y el Gobierno del que forma parte, están izquierdeando, pero no en el sentido que usted seguramente imagina, sino según el significado del DRAE: “Apartarse de lo que dictan la razón y el juicio.”

Hablan, pero no ejecutan. La no es de la oposición, que está para manifestar su desacuerdo; tampoco de su mayoría social y progresista, porque es un revoltijo que ya ha empezado a fallar. @mundiario
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