En varias ocasiones he dejado en esta columna mi opinión sobre la difusión de falsedades, llámense bulos, mentiras o fake news según la costumbre reciente, sobre todo, a través de las redes sociales.

También he hablado de su contrario, la verdad. Hoy me incita a repetir sobre este tema la publicación de la Orden PCM/1030/1020, de 30 de octubre, reguladora del “Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional”

Empezaré por decir que, en el caso de ser necesaria la indicada Orden, debería hablarse de “actuación contra la mentira”; la desinformación es un eufemismo más, como otros, que usamos cuando tememos llamar a las cosas por su nombre.

La libertad hoy es un principio básico y la libertad individual se defiende a machamartillo, sin otros límites que la conciencia de cada cual. Ahí está internet, donde cada uno puede decir lo que le venga en gana, de forma anónima, con personalidad disfrazada, con el nombre de un amigo, o un enemigo, y, por supuesto, con el verdadero nombre.

Naturalmente hay miles de desaprensivos en todo el mundo que inventan y difunden mentiras con el decidido propósito de causar daño, obtener beneficio, crear miedo o sembrar confusión, siempre con una apariencia de verdad. Denunciar estas situaciones es posible, pero las consecuencias para el que delinque, lo dice la propia policía, son prácticamente nulas, dada la dificultad existente para acceder a los grandes “sitios” que administran las redes sociales, para conocer el nombre de los delincuentes y perseguirlos.

Los estados han promulgado normas para perseguir esta clase de delitos; el Código Penal español recoge, estos, artículo 284-2º, y otros de difusión de injurias, calumnias, falsedades y revelación de secretos o enaltecimiento del terrorismo, con sus correspondientes penas.

Algunos fundamentan la Orden indicada en la necesidad de perseguir la propagación de bulos y la desinformación; otros argumentan que sólo se refiere a la seguridad nacional, y son muchos los que temen que se esté limitando la libertad de expresión.

En mi opinión, lo que hay que hacer es perseguir el delito de la mentira-falsedad-calumnia-bulo-…, con decisión y energía, pidiendo información a las plataformas digitales internacionales que dan soporte a los delincuentes que se amparan en una maraña de subterfugios. Y, sobre todo, hay que apelar al sentido de la responsabilidad individual de quienes, inconsciente y negligentemente, colaboran en su expansión.

El ciudadano tiene derecho a equivocarse, a decidir por sí mismo lo que lee y lo que cree que es cierto o falso. El Estado debería poner mayor empeño práctico y real, en formar a niños, jóvenes y sociedad en general, para que sepan discernir entre verdad y mentira, potenciando su capacidad crítica y analítica.

Lo que ya se empieza a llamar “Ministerio de la Verdad” o “Comité de la Verdad” –yo prefiero llamarlo “Ministerio para el bulo y la mentira”- es un acto más de soberbia e imposición de un Gobierno que pretende adoctrinar y marcar el camino, porque un pueblo dirigido es un pueblo dócil. El llamado Ministerio de la Verdad induce a pensar que existe el deseo de crear verdades únicas, asunto verdaderamente peligroso.

Vivir en libertad tiene sus riesgos, como los tiene vivir bajo opresión –sistema que, además, es indigno. Los regímenes democráticos tienen tipificado este tipo de delitos en su Código Penal, que siempre se puede actualizar; pero un “Ministerio de la Verdad” es propio de regímenes desaparecidos, que ya demostraron su desprecio a la libertad e incapacidad para procurar bienestar a los ciudadanos. @mundiario