La ministra Díaz ha reiterado en los últimos días su “apoyo explícito a las movilizaciones sociales” que convocarán los sindicatos a partir del mes de septiembre, en demanda de una subida del salario mínimo interprofesional.

Dado el estado de algunas de las variables económicas básicas y los vaticinios para los próximos meses, me permito recordarles algunos datos.

Índice de inflación; subida del paro (que no incluye a los trabajadores llamados fijos discontinuos); ralentización del crecimiento del PIB y del consumo; subida, lenta pero sostenida, de los tipos de interés y consiguiente encarecimiento del crédito y de la deuda pública; déficit presupuestario y deuda pública; temor de aumento de la morosidad bancaria; incertidumbres sobre el abastecimiento de materias primas, dada la situación en Ucrania y Taiwán; efectos sobre la industria del desabastecimiento de gas; por citar sólo los datos que más impacto causan en la opinión pública.

Ni Díaz ni los sindicalistas han presentado informe complementario alguno que valore la repercusión de la medida en las empresas y en el empleo. La ministra aplaude a CC.OO. y UGT porque ve un vivero de votos para su plataforma: está en campaña, pero sin propuestas.

Sobre el gasto público burocrático e ineficiente, ni una palabra; tal vez desconoce o desprecia el estudio del Instituto de Estudios Económicos, según el cual el gasto público podría reducirse en torno a 60.000 millones de euros, sin deterioro de los servicios públicos esenciales. Este mismo organismo sitúa a España en los últimos lugares de la relación de países según el nivel de eficiencia del gasto público, por debajo de la media de los de la OCDE y de la UE.

La Airef (Asociación independiente de responsabilidad fiscal) estima la reducción del gasto en 30.000 millones de euros.

Un ejemplo concreto es el bono cultural para los jóvenes que cumplan 18 años durante 2022 (entre 400.000 y 500.000): un escándalo, por dirigirse a quienes votarán por primera vez el año próximo.

Otro ejemplo: sindicatos y patronales. En cualquier asociación, los afiliados, pagan su cuota para mantenerla viva; aquí viven del BOE. ¿Pueden ser independientes? 17 millones de euros para los sindicatos en los PGE de este año y desde que Díaz dirige el Ministerio de Trabajo, la ayuda ha aumentado un 97 %.

as palabras de la ministra tienen un plus de gravedad e irresponsabilidad, por hacerlo desde el Gobierno de España, lo que refleja, una vez más, su deslealtad y la falta de dignidad de quien lo consiente.

A Yolanda Díaz le convendría hacer unas prácticas de emprendimiento, para aprender a crear riqueza, luchar contra la burocracia que obstaculiza la creación de empresas, sufrir para encontrar financiación para su proyecto -no mamandurrias-, afrontar el pago de los salarios y seguridad social durante el período de maduración del negocio -cuando los ingresos son insuficientes-, hacer frente a los clientes morosos, competir en un mercado cambiante, no dormir ante las incertidumbres económicas,… y tantas otras preocupaciones del empresario.

Naturalmente, no me olvido, porque sería injusto e insensato, del gasto social eficaz, directo, justo, como tampoco me olvido del despilfarro derivado de una burocracia inútil reflejada en el “vuelva usted mañana” -recuerden, Larra, siglo XIX. @mundiario
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