En los últimos catorce años hemos vivido sin solución de continuidad tres crisis que han afectado al mundo entero: crisis financiera del 2008, pandemia del 2020 e invasión de Ucrania, sin contar otros conflictos anteriores más localizados, pero que tuvieron también importantes repercusiones políticas, económicas, sociológicas o migratorias en otros países.

Esos hechos, además de aumentar el empobrecimiento en cada país, han generado movimientos migratorios de millones de personas en busca de seguridad. El conflicto iniciado por Putin ha obligado, en tan solo un mes, a cuatro millones de personas a buscar refugio en los países europeos; a los que hay que añadir las migraciones permanentes de Siria, Afganistán y África.

A estos seres humanos llegados a un país del que no conocen ni su idioma, ni sus costumbres, sin recursos ni oportunidades de trabajo, hay que unir la enorme bolsa de excluidos sociales existentes en España: en torno a 11 millones de personas, según datos de Caritas correspondientes al último trimestres del año 2021.

¿Qué significa la expresión “excluido social”?: Quien ha dejado de creer en el Estado -un Estado que no ha sabido responder a sus demandas- y para quien las palabras “derechos” y “obligaciones” carecen de contenido. La consecuencia de esta situación es su alejamiento de los ámbitos cultural, político, social, laboral, educativo.

Hasta que se produce el punto de inflexión en el que se inicia la exclusión social, el Estado es el responsable de dotar de contenido a los derechos y de generar el ambiente social adecuado para que estas situaciones no se produzcan; a su vez, los ciudadanos tienen que asumir sus obligaciones y aceptar las consecuencias y responsabilidades derivadas de la vida en sociedad.

Ahora bien, cuando las personas se sienten excluidas, marginadas, y han dejado de creer en las instituciones, es la sociedad civil quien tiene la obligación moral de asumir la tarea de acercarse a ellos, para tratar de paliar sus carencias y sufrimientos, pues, no lo olvidemos, una de sus primeras necesidades es encontrar quien les escuche, tarea que sólo pueden llevar a cabo otros seres humanos.

Solemos quitarnos de encima el problema alegando que es la Administración del Estado quien debe ocuparse de quienes padecen estas situaciones. Para salir de ese mundo entre cartones en el que viven las personas con el alma encallecida, es necesario escucharles, intentar aliviar su sufrimiento, la apatía, la indolencia y la desconfianza, en espera de un chispazo milagroso que les haga levantarse y recuperar la dignidad.

Va siendo hora de que el Estado aligere los presupuestos de tanto gasto inútil y lo dedique a mejorar la dignidad de las personas marginadas.

LA ESPAÑA VACIADA
Se habla pertinazmente de la España vaciada, del aislamiento de los ancianos en pequeños núcleos rurales de toda España, que sobreviven en muchos casos sumidos en el olvido y la soledad, sin servicios esenciales a su alcance, contemplando cada día con tristeza los campos baldíos, que algún día, con su trabajo, les permitieron sacar adelante una familia.

Al mismo tiempo, en las ciudades aumentan las bolsas de marginados que han perdido la dignidad y hacen cola ante las instituciones sociales que les ayudan hasta donde pueden, o buscan en los contenedores de basura, viven en las calles o en viviendas carentes de los servicios más esenciales.

¿Sería posible conciliar ambas situaciones? “El regreso a la vida rural como camino para la inclusión social”; merecería la pena intentarlo, en Galicia existe alguna modesta experiencia en este sentido. @mundiario

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