El sistema sanitario español está considerado entre los mejores del mundo, tanto por su universalidad, como por los medios técnicos de que dispone, la calidad de los servicios que presta y la preparación profesional de su personal. Sin embargo, como toda obra humana, tiene sus imperfecciones y, entre ellas hay que hablar de la inestabilidad laboral, pues en torno a un 40 % del personal sanitario del Estado tiene el carácter de “personal estatutario temporal”, según datos del Registro Central de Personal, año 2017; también es necesario reiterar la insuficiencia de las plantillas, en comparación con otros países de nuestro entorno.

Esa inestabilidad tiene una característica absurda y hasta ilegal, según el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud –Ley 55/2003, de 16 de diciembre-, pues entre ese personal temporal –interinos, eventuales y de sustitución-, una gran mantiene esa situación desde hace 17 años, y otros acumulan decenas de contratos de días o semanas. Ahora comprenderán por qué la situación es absurda –temporalidad e interinidad indefinidas- e ilegal –por contravenir las disposiciones legales sobre temporalidad en los Servicios de Salud.

A ello hay que añadir la actitud hipócrita del Gobierno ante contrataciones similares, y el hecho de que los partidos políticos critiquen el alto nivel de temporalidad en el ámbito de la empresa privada.

El personal sanitario recibe el homenaje y reconocimiento de los españoles por su actitud durante esta pandemia; pero de la Administración Pública, que es quien les contrata, esperan justicia y el cumplimiento de la legislación vigente, regularizando la situación actual. Es decir, que en las ofertas públicas de empleo se incluyan todas las plazas vacantes y se amplíen las plantillas para atender adecuadamente a los usuarios.

El estamento médico de las comunidades de Galicia, Extremadura, Madrid y Canarias, entre otras, rechaza las OPE basadas en un sistema de “exámenes” tradicionales con un programa teórico, porque esos programas no contemplan las subespecialidades de hecho, no oficiales, en las que cada profesional está encuadrado, después de años de ejercicio profesional y de estudio más concreto. Por ello, matizan más sus reivindicaciones y piden que las OPE tengan en cuenta, como criterios para la adjudicación de plazas, los años trabajados y los méritos acreditados, consistentes, por ejemplo, en publicaciones en revistas científicas, conferencias impartidas, cursos en los que hayan participado o responsabilidades laborales asumidas.

La temporalidad es injusta, hipócrita y nada estimulante, y, aún así, el personal sanitario está demostrando su capacidad profesional y su entrega humanitaria, en largas jornadas de trabajo, situación de alto riesgo de contaminación y desatención de sus familias.

El Gobierno debe hacer cumplir las normas y dar ejemplo cumpliéndolas con su personal contratado; además, no podemos olvidar que la universidad española está formando a personal sanitario que emigra en busca de trabajo a otros países de nuestro entorno, lo que resulta lamentable y costoso. @mundiario

T