La situación sanitaria, social y económica que venimos soportando, ha puesto en evidencia la debilidad de las costuras del sistema autonómico.
El Estado asumió las competencias en materia de sanidad al decretar el estado de alarma; meses después, sin estar resuelto el problema, las devolvió a los gobiernos autonómicos y, a partir de este momento, cada territorio establece sus propias normas, sin una coordinación eficaz.
Normas confusas y cambiantes; insuficiente control del cumplimiento de las medidas y de sanción a los infractores; contradicción con la normativa de otras comunidades. En resumen, medidas elaboradas por políticos y no por técnicos de prestigio en epidemiología, virología, medicina, sociología, transporte o economía.
Dada la facilidad existente hoy para moverse de un lado a otro, y, por lo tanto, para transmitir el virus, las normas deberían ser uniformes para todo el territorio. Pero… en las taifas intuyen el peligro que esta medida supone para sus intereses y, por un lado, se resisten a dejarse mandar y, por otro, piden ayuda al Gobierno… y el Gobierno no quiere problemas.
A ello se añade el comportamiento incivilizado de numerosos ciudadanos irresponsables, en los que prevalece su propio egoísmo. Tan poco son ejemplares algunos ministros, políticos, próceres, famosos, famosillos y otros “vips”, que asisten a eventos de todo tipo, en tropel, con mascarillas de quita y pon y de arriba abajo, y beben, comen, hablan y escuchan sin guardar la distancia mínima.
ntre tanto, los ciudadanos de a pie nos quedamos perplejos ante semejante ejemplo. Ahí están los casos de la Presidenta de Baleares; los asistentes al aniversario de un periódico, clase política en pleno, de derecha, izquierda, de arriba y de abajo, según hemos visto en televisión. ¡Qué decir de la Ministra Celáa!, que se va al bocho cuando le viene en gana; de Pablo Iglesias, que incumplió el confinamiento más de una vez y consideraba que la mascarilla era para los mindundis; y tantos otros casos que están en la mente de todos.
Es un hecho real que el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos tiene efectos beneficiosos, así lo demuestran trabajos de expertos en educación y sanidad, pero algo hay que hacer para poner orden en el desorden.
Es imposible el desmantelamiento del régimen autonómico, porque los políticos serían los principales perdedores y tendrían que aprobar su harakiri; porque ya no queda ningún partido que pueda defender con credibilidad su supresión, desde que en las últimas elecciones andaluzas VOX y PP renunciaran a devolver al Estado las competencias de sanidad y educación; finalmente, porque presenta ciertas ventajas que no se pueden negar.
Sin embargo, un buen número de españoles ha percibido en esta situación de emergencia nacional, que el régimen autonómico actual es insostenible y resulta imprescindible armonizar la gestión de las competencias en las diferentes comunidades autónomas, sobre todo en cuanto a los servicios de sanidad y educación.
Llama la atención el tiempo que cada día se dedica a la pandemia en los medios de comunicación y sin embargo no se dedique un minuto a hablar de las disfunciones que se producen; parece como que hubiera un pacto tácito para no tratar este tema.
Merecería la pena un debate abierto sobre la armonización del régimen autonómico, porque los daños pueden ser irreparables. @mundiario