La situación política tras las recientes elecciones generales, es, tal vez, la más complicada entre las posibles; independientemente de afinidades políticas, deseos previos, decepciones y cualquier otra circunstancia.

En las próximas semanas iremos viendo las posibilidades de aprobar la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno o la necesidad de una nueva convocatoria de elecciones.

Nada impide las demandas de los partidos independentistas, según el texto de la Constitución; cosa diferente es la pretensión de que sean satisfechas conforme a sus propias exigencias y no según las previsiones de aquella.

El artículo 2 de la Constitución obliga a todos los españoles a respetar la unidad de España; por otra parte, al tratarse de una Constitución abierta, existe la posibilidad de su modificación, según el procedimiento de los artículos 166 a 169, cuyo último trámite es la aprobación mediante referéndum de la Nación.

Quienes propongan esta solución deben concitar las mayorías contempladas en los artículos indicados y, además, someter la reforma así aprobada a un referéndum nacional.

Según los resultados de las pasadas elecciones, la suma de los votos obtenidos por los partidos que incluyen entre sus propuestas la independencia, reconocimiento del derecho de autodeterminación o derecho a decidir -Sumar, ERC, Junts, EH-BILDU, PNV, BNG,CUP-, representa el 19,3 % de los españoles que ejercieron su derecho al voto. Así las cosas, las pretensiones soberanistas no concitarían la adhesión mayoritaria de los españoles.

La alternativa legal -con menos posibilidades, desde luego, de satisfacer las inalcanzables exigencias de los soberanistas-, sería la modificación del Estatuto de Autonomía, también prevista en el artículo 223 del de Cataluña -cuando la modificación afecte a las relaciones con el Estado- y el artículo 147.3. de la Constitución.

Quien sea elegido presidente del Gobierno, lo será conforme a la Constitución y, en consecuencia, prometerá cumplir las obligaciones de su cargo, con respeto a ella.

Ahora bien, con los números de hoy, aún provisionales, el señor Sánchez tendría que contar con la abstención o el voto favorable del prófugo líder de Junts. Ambas posibilidades parecen imposibles, si nos atenemos a las exigencias del señor Puigdemont y al compromiso del PSOE con la Constitución.

De la misma forma que no concibo la posibilidad de promesas, o, lo que sería peor, compromisos del señor Sánchez con el prófugo, no entiendo la negativa al diálogo, no digo al acuerdo, de Coalición Canaria, PNV y el propio PSOE con el PP.

Tampoco entiendo que Vox cierre los ojos para no ver la realidad social de la España de hoy y mantenga como banderín de enganche algunas de sus propuestas. De este modo perderá la ocasión de implementar cualquiera de sus pretensiones. Puede seguir la senda, recién abierta, de Ciudadanos.

Finalmente, siento tristeza ante la aparente imposibilidad de que PSOE y PP, ante unas nuevas elecciones, lleguen a un acuerdo de mínimos sobre temas como Ley electoral, CGPJ y otras instituciones, e independentismo, por ejemplo, y se comprometan a convocar nuevas elecciones en el plazo de un año.

Para esto, tendrían que pensar seriamente en la España que le dolía a Unamuno y en las dos Españas de Machado que hielan el corazón de los españolitos. @mundiario
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