La vida en sociedad implica la necesidad de establecer unas normas que faciliten la convivencia entre quienes forman parte de ella. La norma básica de un Estado democrático es su Constitución, que se desarrolla mediante normas de rango inferior.
Pero las normas de convivencia, por sí solas, no son suficientes para convertir en un paraíso la sociedad; es preciso prever las sanciones para los supuestos de incumplimiento. En modo alguno puede calificarse como represión la sanción por incumplimiento, como sucede con frecuencia, como consecuencia del relativismo imperante, principio según el cual, cada ciudadano, individualmente, apelando a un confuso sentido de la libertad, decide por su cuenta lo que puede hacer, no hacer o decir.
Norma, sanción… pero hay que añadir la supervisión del cumplimiento de una y otra, porque sin ese control, aquellas resultan inútiles. Tampoco la necesaria supervisión puede ser calificada como propia de un Estado policial, porque sin ella se pierde el respeto a la norma y a la sanción, y el proyecto de vida en común corre el riesgo de venirse abajo.
Con demasiada frecuencia nos lamentamos, ante determinados sucesos, de la conveniencia de modificar la norma o de la existencia de una laguna legal.
En ocasiones deploramos la negligencia en el seguimiento o vigilancia del cumplimiento de las reglas de juego por parte de los órganos responsables correspondientes. En otras, en fin, consideramos que la sanción prevista es insuficiente, se elude fácilmente con artimañas o, sencillamente, se incumple y no pasa nada.
Y esto sucede en todos los ámbitos: incumplimiento de resoluciones judiciales, laxitud de las administraciones en la tramitación de expedientes sancionadores, supuestos delitos en boca de todos, retraso endémico en los procedimientos judiciales, amenazas de repetir hechos condenados, desprecio de los partidos políticos a determinados mandatos constitucionales, modificaciones legales llevadas a cabo por el procedimiento de “a la trágala”, falta de democracia interna en los partidos políticos… y cada lector podrá añadir otros ejemplos.
Y el sufrido Juan Español vive inmerso en la incredulidad, en una situación de permanente sorpresa y abrumado por el desaliento, al comprobar que resulta imposible ponerse de acuerdo en unos mínimos éticos, y que, sin ellos, es imposible la idea de un proyecto compartido.
El trinomio norma, sanción, vigilancia-autoridad, es inseparable y la laxitud en cualquiera de ellos hace que la vida en sociedad se resienta. Naturalmente, todos debemos exigirnos ejemplaridad y coherencia, pero, sobre todo, debemos demandárselo a la clase política. @mundiario
El autor de este artículo también lo es del libro ¡Abuelo, vamos a leer un libro!, editado por Mundiediciones, a la venta en Amazon.
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