A pesar de los rechazos, desprecios recíprocos, dificultades para el entendimiento, antagonismos, diferencias ideológicas, del qué dirán los respectivos votantes, de las mentiras, medias verdades y reproches de unos y otros durante la campaña electoral…, soy un iluso aspirante a la utopía de un pacto entre PSOE y PP que permita sacar a España del atolladero en que se encuentra. Realismo y humildad.
Unas nuevas elecciones no serán la solución, tanto por la demora en afrontar los retos que España tiene ante sí, como por la probabilidad de que el atasco se repita.
No es solución depender de partidos alejados de la realidad de la sociedad española actual o de los que no son sino una amalgama de siglas sumadas sin cohesión.
No es solución que el futuro de España dependa de los partidos que siguen proclamando su reto independentista: un millón y medio de votantes de ERC, Junts per Cat, EH-Bildu y PNV (en las elecciones del año 2019 dos millones doscientos cincuenta mil).
Pocos acuerdos, claros y firmes, y el compromiso de convocar nuevas elecciones en el plazo de un año, durante el que se aprobarían modificaciones legislativas imprescindibles. A partir de ahí, que cada palo aguante su vela.
La ley electoral debería ser modificada para que el Congreso de los Diputados fuera realmente representativo de la voluntad de todos los españoles. La media de votos con que los partidos nacionalistas vascos y catalanes consiguen un escaño es de 58.000, en tanto la de los partidos de ámbito estatal se eleva hasta los 78.000 votos.
Desde hace algunos años existe una seria inestabilidad, dudosa independencia y hasta bloqueo, en instituciones como el CGPJ y el Tribunal Constitucional, entre otras, que generan tensiones políticas y desconfianza en algunas de sus resoluciones. Es urgente acordar un sistema que garantice la independencia real de quienes tienen la función de velar por el sometimiento de todos los españoles al Estado de Derecho, y de instituciones como Tribunal de Cuentas, CRTVE, Fiscalía, Consejo de Estado, entre otros.
Tras la sustancial modificación del Código Penal en cuanto al delito de malversación y la supresión del delito de sedición, si se produjera una nueva declaración de independencia o se convocara un referéndum sobre derechos no reconocidos en la Constitución, la iniciativa de atentar contra la unidad de España quedaría impune.
El respeto al Estado de Derecho, la homologación con la legislación de otros países y hasta el sentido común, parecen aconsejar la regulación de semejante delito, tipificado con rigor en los estados europeos asimilables al nuestro, aunque con denominaciones diversas. Así lo hicieron constar los órganos que informaron en su día esta iniciativa legislativa consumada.
La concertación entre ambos partidos debería incluir una actitud conjunta firme, sin perjuicio del conveniente diálogo y persuasión, en relación con la unidad de España. La posibilidad de modificar los estatutos de autonomía está contemplada en cada uno de ellos y en la propia Constitución, que, además, prevé su propia reforma con unas mayorías reforzadas. Los partidos que aspiren a ello tendrán que concitar las adhesiones necesarias para introducir los cambios que consideren oportunos.
Finalmente, sería conveniente la armonización del régimen autonómico y el consenso sobre un régimen de financiación realista y estable.
Digo, como Víctor Hugo, que mi enfermedad es la utopía: el porvenir que se esfuerza en nacer o el entendimiento posible, sin perjuicio de la discrepancia. @mundiario