Son varios los índices para evaluar la pobreza de un país: a finales del siglo XX el índice Okun; posteriormente, el de Hanke; Eurostat, oficina de estadística de la UE, publica periódicamente clasificaciones de países según su nivel de pobreza.
Hace unas semanas, el Instituto Juan de Mariana publicó una clasificación de los países de la UE según el índice de pobreza de Okun. Su cálculo es sencillo: % de paro + % de inflación. Con datos del año 2023, España ocupaba el primer puesto de esa lista, con un 15,2%.
En el primer semestre de este año, descendió al 14,4%, que no le aparta del primer lugar.
Naturalmente, esos fríos números no son absolutamente creíbles, pero si hay coincidencias con otros obtenidos por sistemas diferentes, hemos de reflexionar sobre la realidad a la que se refieren. Este es el caso del ranquin europeo de población en riesgo de pobreza, publicado por Eurostat: en el año 2023, España ocupaba el tercer lugar con un 26, 5% de su población en esa situación -dato superior al del año 2022-; recordemos que ese mismo índice en España era del 21,6% en 2018.
¿Cuál es la realidad social y económica que hay detrás de estas listas y de estos números?
Analicemos el índice Okun. La tasa de paro actual en España, que ronda el 11% y nos sitúa en el cuarto lugar en Europa- significa que más de 2.500.000 de personas buscan empleo y no lo encuentran. Por lo tanto, o carecen de ingresos o reciben subsidios públicos. A este ejército sin empleo habría que añadir a los “trabajadores fijos discontinuos” -entre 300 y 400 mil- que, en la época en que están en paro, no computan como tales en las estadísticas de desempleo. Naturalmente, los inmigrantes ilegales -en torno a 500 mil- no figuran en las listas de parados.
El impacto de miseria medido por el índice Okun se potencia con el % de inflación, conocido como impuesto de los pobres, en general de quienes perciben retribuciones fijas, tales como como subsidios, pensiones, salario mínimo, etc.-, que disminuye el poder adquisitivo.
Las consecuencias inmediatas son diversas. Una gran parte de la población española tiene dificultades para tener un hogar, alimentarse, educar a sus hijos y proveer las necesidades sanitarias; sus hijos padecen una mayor probabilidad de abandono escolar debido al ambiente socioeconómico familiar; no podemos olvidar la propensión a la ruptura de las familias y sus efectos.
Los miembros de estas familias son más proclives a caer en la delincuencia y en la esclavitud de las dependencias perniciosas.
Con frecuencia se ven obligados a participar en la economía sumergida, por necesidad, por las ofertas de empleadores sin escrúpulos y la insuficiencia de medios de inspección. Lo mismo sucede con los inmigrantes en situación de ilegalidad.
Cuando la pobreza se enquista con el transcurso del tiempo, porque la sociedad se ha despreocupado de ellos, se alcanza la auto marginación social, momento a partir del cual dejan de considerarse ellos mismos sujetos de derechos y obligaciones. Las dificultades para recuperarlos socialmente, son grandes.
El amparo de instituciones sociales privadas palía los efectos mediante ayuda material, escucha, análisis de cada situación, hogares de acogida… La ayuda familiar, padres y abuelos, también realiza una función social enorme, a costa de renuncias personales.
Con los datos de los índices expuestos, coincidentes entre sí, el Gobierno debería preguntarse el grado de efectividad de su política social, pues entre los años 2018 y 2023, el gasto público ha crecido un 40%, los ingresos un 31% y la deuda pública más de un 33% hasta superar los 1,6 billones de euros.
¿A dónde nos lleváis? @mundiario