El artículo 20.1 de la Constitución reconoce y protege el derecho “A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción”. Obviamente, ese derecho debe ejercerse dentro del marco legal vigente.

Cuando se ejerce el derecho de libertad de expresión, el opinante puede imponerse una “condición”, la prudencia, que, sin ser auto censura, contemple la forma, la oportunidad, el rigor, las posibles consecuencias… de lo que expresa.

En el primer supuesto contemplado, el opinante quedaría expuesto a las consecuencias legales derivadas de contravenir una norma concreta. En el segundo supuesto, la penalización podría consistir en la reprobación social de quienes no compartan lo expresado.

En las redes sociales, con demasiada frecuencia se incurre en uno y otro supuesto; hecho especialmente grave cuando se utiliza una identidad falsa, con el objetivo de pretender la impunidad por los daños causados.

Con demasiada frecuencia actúan amparados en una falsa identidad y en la dificultad para perseguir estos delitos -coste, duración, localización-, con el objetivo de difamar, crear confusión o alarma social, verter su odio hacia ideas o personas, etc. Obviamente, además de la posible condena social, podrían enfrentarse a demandas legales, aunque la identificación del malvado es compleja, tiene un alto coste y se prolonga en el tiempo.

Otro comportamiento, también frecuente y realmente grave, al que quiero referirme, es el de quienes usan su identidad real, pero lo hacen de forma frívola, irreflexiva y negligente. Quienes actúan así, se convierten en altavoces irresponsables y gratuitos de los malvados que crean mentiras.

Tal vez, este comportamiento colaboracionista con la perversidad más sibilina, encuentre explicación en el hecho de que, quienes “comparten” sin analizar ni contrastar lo que reciben, desearían que esos hechos falsos, tendenciosos, inconcretos, fueran reales, objetivos, exactos.

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Algunos sucesos recientes encajan en uno u otro de los casos contemplados anteriormente.

La catástrofe provocada por la dana de la pasada semana, ha desencadenado otra dana antisocial e inhumana en las redes sociales, creadora de mayor alarma social, miedo, confusión, decisiones inadecuadas, rabia desbordada, desprestigio de personas e instituciones, violencia como la contemplada el pasado domingo…

Los desalmados han utilizado, una vez más, el refrán “a río revuelto ganancia de pescadores” y el dicho “cuanto peor, mejor”. Será difícil localizarlos para aplicar la ley, porque juegan con la ventaja de la deslocalización.

Otro hecho reciente, también ha contribuido a crear una oleada de opiniones encontradas: el caso Errejón. Primero surgen en las redes sociales denuncias inconcretas – “un político que vive en Madrid…” o “políticos de varios partidos…”-; después, la denunciante de acoso sexual lo hace en las redes sociales antes de acudir a la comisaría de policía; finalmente, las reacciones de los usuarios de las redes fueron una avalancha de opiniones encontradas.

Unos tiraron la piedra y escondieron la mano; la afectada, en uso de su libertad de expresión, ¡cómo no!, tenía derecho a contarlo en las redes sociales y lo hizo; ahora bien, ¿era oportuno, prudente, aconsejable hablar públicamente antes de hacerlo ante la policía?

Antes de expresarse, habría que pensar que la libertad y la responsabilidad son inseparables. Resolver el conflicto entre libertad y responsabilidad limitando el uso de las redes sociales, es una utopía; por otra parte, la persecución de los delitos que se cometen a través de ellas exige tiempo, dinero, medios técnicos y personales y una colaboración generalizada en todo el mundo.

Este es el mundo que estamos creando y en el que vivimos. @mundiario
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