Es muy frecuente etiquetar a personas e instituciones con sambenitos, como hacía la Inquisición, o con monigotes en la espalda, como acostumbrábamos hacer los niños el día de los Santos Inocentes. Esta simplificación suele ser inexacta siempre e injusta en muchas ocasiones, porque es imposible, y hasta infantil, pretender confinar algo complejo en una palabra. Izquierda-derecha, progresista-conservador, ultraderecha-ultraizquierda, constitucionalista-anticonstitucionalista, laico-confesional, creyente-pagano, nacionalista-unionista, culto-inculto, fascista-antifascista, y tantos otros ejemplos que cada uno podría añadir.
¿Qué significa anticonstitucional?; pues, en principio, contrario a determinados aspectos de la Constitución. Quienes así piensan legítimamente, tratarían de buscar los apoyos necesarios para modificarla desde la legalidad. También podría entenderse en el sentido de contrario a “todo”, lo que ya tendría un más difícil encaje en la convivencia, porque supondría tirar la casa por la ventana. Pero, desde el respeto de todos a la legalidad, incluidos los que quieren cambiarlo todo, ¿por qué no admitir esta forma de pensar?
La reciente irrupción de Vox en el panorama político ha generado su inmediata calificación como anticonstitucional, dando a entender que quieren poner la casa España patas arriba, básicamente, porque una de sus propuestas consiste en promover la desaparición del Estado de las autonomías; objetivo que no pretenden alcanzar “por las bravas”, saltándose a la torera la Constitución. Otra cosa es que su propuesta guste o no a los demás, sobre todo a los políticos profesionales.
Pondré otro ejemplo. Podemos y sus adheridos defienden con fervor la República y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña: propuestas tan legítimas como la de Vox, que deberían concitar las adhesiones precisas para los correspondientes cambios constitucionales.
También existe el núcleo de los tibios y los volubles, que hoy dicen una cosa y mañana la contraria.
Finalmente, otros han pisoteado la Constitución y su Estatuto de Autonomía y ahora se rasgan las vestiduras por las consecuencias. Han utilizado la vieja y vulgar ley del embudo: lo ancho para mí –entro en el sistema, lo acepto y vivo de él- y lo estrecho para los demás –lo modifico sin contar con el resto- y entro a toque de embudo en la Constitución y en el Estatuto, como caballo en cacharrería, ya sea el de Pavía, el de El Cid Campeador o el del bandolero Juan de Serrallonga (diré entre paréntesis que fue un bandolero con peana de luchador por la independencia de Cataluña, según algunos libros te texto catalanes). La ley del embudo es norma lerda y torpe, pero, sobre todo, codiciosa. @mundiario