El pasado año se conmemoró el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como Rey de España. Diez años de dura prueba, refiriéndonos, exclusivamente, a los ámbitos de la familia y la política interna.
Una gran parte de su familia se convirtió, supongo que inconsciente pero negligentemente, en impulsora de los republicanos y, seguramente, hasta de la reconversión de muchos monárquicos.
La cuesta arriba se inició con los motivos de la abdicación de su padre: numerosas relaciones de pareja; escabrosas aventuras sexuales con explícitas fotografías y supuestos chantajes; investigaciones judiciales relacionadas con cuestiones económicas; forzado alejamiento de España para tratar de evitar el eco de las críticas; la apariencia de una familia de cartón piedra;… a lo que se une el distanciamiento entre padre e hijo.
Una gran parte de sus familiares directos o políticos se vieron envueltos en escándalos, el matrimonio Urdangarín y algunos sobrinos, alardeando de su vida disipada y en busca de un hueco que no logran encontrar.
Tal vez el momento más penoso para Felipe VI fue su necesaria intervención tras la declaración unilateral de independencia por la Generalidad de Cataluña en octubre del año 2017, para cumplir las limitadas funciones que le otorga la Constitución: reiterar su condición de símbolo de la unidad y permanencia del Estado y arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones.
Fueron muchos, separatistas y no separatistas, los que criticaron sin piedad su intervención, calificada de partidista y anticatalanista; un buen número de ellos habían votado de forma abrumadora a favor de una Constitución que proclama la unidad de España como Estado único.
La soledad del Rey
Por la otra banda, nostálgicos y desmemoriados, también votantes de la Constitución, olvidaron que España es una monarquía parlamentaria, e invocaron la intervención del Rey, como mando supremo de las fuerzas armadas, para defender la unidad de España. No hace falta ser catedrático de Derecho Político para saber que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional atribuye al presidente del Gobierno la dirección de la Política de Defensa; por otra parte, los actos del Rey deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno. Recordemos lo que votamos en 1978: “el Rey reina, pero no gobierna.”
Cuando se aprobó la Ley de Amnistía fueron numerosas las voces que pedían que el Rey se negase a sancionarla con su firma, función constitucional insoslayable.
Añadamos los continuos desplantes, ninguneos y vetos de los independentistas a su jefe de Estado; abucheos en la visita tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils; desautorización para hacer entrega de las credenciales de nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona; inasistencia a actos de Estado, y tantos otros.
El propio Gobierno ha participado en la soledad de Felipe VI, al no acompañarle en viajes de Estado, como en los casos de las repúblicas bálticas y toma de posesión de Milei, por ejemplo.
El presidente Sánchez escapó de su visita a Paiporta, manchado de un barro muy simbólico y cargado de unos improperios que su soberbia fue capaz de soportar; y dejó plantados a los reyes, que, estoicamente, con empatía, afrontaron la situación y acabaron recibiendo el reconocimiento y el cariño de los damnificados.
Con dos palabras se podría resumir la actuación de Felipe VI en estos diez años: dignidad y prudencia en sus funciones de representar al Estado, ser símbolo de su unidad y permanencia y arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones.
Y aún quedan cosas por suceder, por ejemplo, el federalismo fiscal ―imprescindible para el federalismo político― y la posibilidad, que sigue abierta, de eliminar el delito de injurias a la Corona, es decir, al símbolo del Estado y de su unidad. ¿Llegaremos a verlo? @mundiario