Ante una situación catastrófica, la eficacia y la prudencia aconsejan centrarse en afrontar las consecuencias inmediatas y posponer las disputas sobre responsabilidades, errores, decisiones, etc.

Pero, cuando la tragedia aún no había finalizado, nada se sabía de los que no llegaron a sus hogares aquella noche siniestra, no había conciencia de la magnitud de la desolación, de los daños, ni del número de desaparecidos, la clase política y las instituciones iniciaron una cadena de recíprocas recriminaciones.

Se pusieron en marcha micrófonos, altavoces, plumas, redes sociales… y las diferentes administraciones se acusaron unas a otras. Las denuncias se adobaban con mentiras, medias verdades, versiones sucesivas contradictorias, elusión de responsabilidades, etc., para tapar incompetencia e inexperiencia.

Aunque la reflexión serena deberá plantearse más adelante, quien esto escribe desea expresar su opinión.

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Recordemos algunas de las catástrofes vividas en España desde la Transición: Presa de Tous (1982), inundaciones en el País Vasco (1983), Biescas (1996), Aznalcollar (1998), Prestige (2002), ola de calor de agosto del año 2003, Covid (2020), volcán de La Palma (2021) y la reciente dana sobre Valencia.

Todas han tenido rasgos comunes, pero los más llamativos, por su reiteración, han sido: la descoordinación entre el Gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos y la falta de previsión.

A esa coincidencia hay que añadir el reconocimiento generalizado de que son la causa fundamental de los daños sobre personas y cosas… pero “pasado el santo, pasó la romería”. En España enterramos muy bien y olvidamos mejor.

Las soluciones permanentes tardan años en llevarse a cabo, porque las medallas a título póstumo no agradan a los políticos.

¿Qué habría sucedido en la ciudad de Valencia sin la desviación del Turia?; pues en estos días hemos oído decir “a los valencianos nos han robado el río”. ¿Recordamos las obras que se hicieron en Sevilla para evitar la repetición de la riada del Tamarguillo?

No aprendimos del hundimiento del Prestige, ni de la gestión de la pandemia. Son muchos los afectados por la erupción del volcán de la isla de La Palma que siguen esperando solución a sus problemas.

Por no hablar del “reparto” de los inmigrantes que llegan a Canarias, de la falta de equidad fiscal según el territorio en el que se resida…

Con la Covid el Gobierno central aprendió que es mejor no meterse en camisa de once varas y que cada autonomía, muy celosas ellas de sus competencias, se apañen como puedan y, si necesitan algo, “que lo pidan”.

Una de las causas de la descoordinación es la complejidad y casuística de la normativa estatal y autonómica en todos los ámbitos. Si añadimos los enfrentamientos políticos, según los partidos que gobiernen en el Estado y en el territorio autonómico donde surja el problema, el conflicto está servido.

Destejer la tela de araña autonómica, resulta imposible, dado el tiempo transcurrido y la complejidad de lo creado, por otra parte, es contrario a los intereses de la clase política; finalmente, hay que reconocer, que un cierto grado de descentralización tiene efectos positivos.

Sin embargo, la armonización de la legislación estatal y autonómica en numerosos ámbitos, es imprescindible en aras de la eficacia, la seguridad y la igualdad de los españoles de todos los territorios. @mundiario

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