Con el despoblamiento y la baja tasa de natalidad de España ocurre lo mismo que con las pensiones: todo el mundo habla, pero nadie hace actúa. Lo comprobamos hace unas semanas en el ¿debate? electoral entre algunos de los ¿líderes? políticos: ni una palabra sobre el tema. Quienes pueden y deben hacer algo se limitan a asustarnos con la frase del cuento infantil, ¡que viene el lobo! Naturalmente, el problema es más acuciante en unas comunidades que otras, como sucede en algunas provincias de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, concretamente en las provincias de Ourense y Lugo. En cuanto a Galicia, la prensa de estos últimos días daba un dato añadido que agravaba el problema: la mitad de la población gallega vive de una pensión o de la prestación por desempleo.

Y el campo español, y el gallego en particular, abandonados, a monte, improductivo, en tanto miles de familias en Galicia y en toda España comen en instituciones sociales de iniciativa privada, husmean en los contenedores de basura, viven de la mendicidad, padecen frío durante el invierno o malviven en las calles. Aunque no se puede comparar la productividad agrícola del norte con el sur, debido a la temperatura, la luz y el agua, contando con instituciones que coordinaran la actividad –tanto la producción como la comercialización– el regreso a la vida rural podría ser una salida económica y social muy digna para quienes malviven en las ciudades.

En Galicia han empezado a prodigarse las instituciones sociales privadas, creadas por asociaciones y por la Iglesia, así como las cooperativas, dedicadas al cultivo de productos de huerta, tanto al aire libre como en invernadero. Muchas de ellas centradas en la producción con criterios ecológicos, sin fertilizantes artificiales, usando agua de manantial y partiendo de semillas ecológicas; generalmente afiliadas al CRAEGA (Consejo regulador de agricultura ecológica de Galicia) y buscando la colaboración entre ellas, sobre todo en la comercialización.

Vivo directamente una experiencia de este tipo puesta en marcha hace cuatro años por la Asociación Benéfica Renacer de A Coruña, con la colaboración de Ecos do Sur, en un terreno cedido por un benefactor de la asociación. La finca cuenta con dos invernaderos, una superficie explotable de más de 1 ha., depósito de agua de 40 metros cúbicos, dos manantiales, equipamiento de los utensilios y maquinaria necesarios, una planta de compostaje, gallinas, y dos viviendas, que acogen a una familia y tres personas más, todas ellas dedicadas al cultivo.

Desde el año pasado comercializamos una parte de la producción en dos comedores de empresa y otra parte se destina al autoconsumo de las personas acogidas en la institución, en las viviendas de que disponemos en la ciudad de A Coruña. Añadiré que todo ello se realiza, prácticamente, sin ayudas públicas. ¿Qué podría hacerse si las administraciones públicas se implicasen en esta idea, contando con que la gestión quedara a cargo de instituciones benéficas? “El regreso a la vida rural, vía para la inserción social”, es el lema de nuestra asociación para este proyecto agrícola inclusivo. @mundiario