Todos los gobernantes saben que las medidas restrictivas y prohibitivas son impopulares, de ahí que prefieran recomendar, sugerir, proponer o aconsejar, y fiar los resultados a la responsabilidad de los ciudadanos.
Cuando la respuesta del personal no se inspira en el sentido de la responsabilidad y la solidaridad, se ven obligados a prohibir y restringir. Sin embargo, no siempre se obtienen los efectos deseados y tienen que anunciar penalizaciones por la contravención de la normativa establecida.
Pero aún hay un estadio más, que debe ir asociado a la prohibición y a la penalización: la vigilancia. Si no se vigila la actitud del ciudadano ante la norma, todo resulta inútil; más aún, nos encontraremos con una conducta de desprecio al orden establecido y hasta de mofa hacia quienes cumplen lo ordenado.
De manera que el proceso de incumplimiento se auto-alimenta cuando los que se portan de forma juiciosa perciben la inutilidad de su cívico comportamiento, hacen de su capa un sayo y, por emulación, se unen a los irresponsables.
Algo así está sucediendo con la normativa impuesta por el Gobierno y las comunidades autónomas ante la crisis sanitaria. Presumió el Gobierno en su momento de que sus medidas habían sido de las más contundentes, comparadas con las de países de nuestro entorno, pero…, sabiendo lo impopular que resulta vigilar y sancionar, consintió, permitió y toleró. A ello se une la contradicción entre determinadas normas y la diversidad de ellas según el territorio.
En este momento nos encontramos en una situación previa al caos, si Dios no lo remedia, dada la irresponsabilidad reinante y la falta de respeto a los demás. Quienes actúan de manera tan infame atentan contra la vida del resto de la población, amparados en el “todos a una, como en Fuenteovejuna”.
Comienzo del curso escolar; habrá una previsible, aunque tímida, reactivación económica y laboral; el transporte público en las grandes ciudades se abarrotará; fin del verano, días más cortos, climatología que no invita a estar al aire libre y, consecuentemente hacinamiento en los lugares de ocio.
La Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, policías autonómicas e, incluso, ¿por qué no?, la UME, deberían recibir órdenes claras y terminantes para poner fin a la actitud insensata de jóvenes y menos jóvenes que desprecian el orden establecido.
No hay que tener miedo a quienes invocan la libertad para hacer lo que les viene en gana; la situación exige una actuación contundente, y los gobernantes no deben arrugarse y plegarse ante quienes ponen la libertad como principio único de la convivencia. Hay algo más: El Estado de Derecho.
Un claro ejemplo de esta actitud de “maricomplejines” fue la autorización de la manifestación del pasado día 16 en la Plaza Colón de Madrid, y la falta de actuación de la policía allí presente. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero con respeto a las normas.
No sirvieron de experiencia las consecuencias de las manifestaciones del 8 de Marzo, nunca reconocidas por el Gobierno, esa es la verdad. @mundiario