Tal vez les esté aburriendo con mi recurrencia al señor Iglesias, pero no puedo resistirme a comentar sus muchas ocurrencias y salidas de tono. Una de las últimas ha pasado casi desapercibida, pese a su gravedad, dada la abundancia de temas a tratar en tertulias y medios de comunicación: “Los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener control público”. Y lo ha dicho en el Congreso de los Diputados.

Una primera observación: apoyar a los “antifascistas que luchan por la libertad de expresión” y, al mismo tiempo, propugnar el control público de los medios de comunicación, máxima expresión de la libertad de opinión en un Estado democrático como lo es el español, es una incoherencia.

Más importante aún es la coletilla de imponer el control “por lo menos de una parte”, … suponemos que esa parte a la que quiere amordazar es la de los medios que critican su política y sus modo de hacerla; naturalmente, los que le dedican cada día páginas y minutos de televisión y radio para que divulgue sus consignas y opiniones, no necesitan control.

Otra matización. Soy contrario a los insultos y a las mentiras, cualquiera que sea el destinatario; si sus quejas tienen este origen, demande a los maldicientes y olvídese de la mordaza, porque algunos nos tememos que podría usted intentar utilizarla con los jueces.

Da la impresión de que, con el control político sobre los medios de comunicación, pretende usted volver a los tiempos de la oprobiosa, cuando la prensa del Movimiento difundía consignas y opiniones oficiales sobre determinados temas, controlaba los boletines de noticias de Radio Nacional y había una sola cadena de televisión.

Esas consignas y opiniones oficiales salían, en gran parte, del Instituto de Estudios Políticos, factoría ideológica del régimen, por la que pasaron importantes personajes del mismo, ya fuere como colaboradores, miembros del mismo o directores, muchos de ellos columnistas de la prensa del Movimiento: Martín Artajo, Sánchez Mazas, Areilza, Uría González, Fueyo Álvarez, Lamo de Espinosa, Ollero Gómez, Gamero del Castillo, Carande Thovar, Fraga Iribarne, Andrés Álvarez y García Valdecasas, entre otros.

Le recuerdo que su abuelo paterno formó parte del Instituto de Estudios Políticos, por apoyo directo de su compañero de la Facultad de Derecho de Sevilla, Carlos Ollero. Así se deduce de la autorización que a finales del año 1944 le concedió la Junta Provincial de Libertad Vigilada de Badajoz, para trasladar su domicilio a Madrid: “…va a dedicarse …. a verificar trabajos en el Instituto de Estudios Políticos,…, con Don Carlos Ollero”. Además de Carlos Ollero, cofundador del IEP, también debieron echarle una mano otros compañeros de la Universidad de Sevilla, como Pedro Gamero del Castillo, ministro y, según todos los indicios, quien presentó a Franco la petición de conmutación de la pena de muerte, y Alfonso García Valdecasas, abogado defensor en el juicio sumarísimo.

Curiosa coincidencia ésta de usted y su abuelo, a la que nunca se ha referido, está debidamente documentada, como usted sabe, según me consta. Su manipulación de hechos y biografías, sigue teniendo credibilidad, por lo que se ve, aunque menos, entre sus votantes. Deje de buscar justificación en sus mayores: si su abuelo se adaptó al régimen, es disculpable, dadas sus circunstancias –condena a muerte, esposa muy joven y un hijo recién nacido-, pero que usted trate de confundir al personal reescribiendo su vida, es incalificable, porque eso es apoyarse en la mentira. @mundiario