Entre los retos que tiene ante sí España desde hace años se encuentra el demográfico, hecho previsible estadísticamente, pero siempre marginado. Para constatar la situación no hay más que repasar unos sencillos datos estadísticos:
– El índice de fecundidad de la mujer española es el más bajo de Europa.

– La natalidad ha pasado del 10,08 por cada diez mil habitantes en el año 2002, al 7,10 en el 2021.

El envejecimiento de la población es la primera consecuencia: la población mayor de 65 años representa ya el 21 % del total y se prevé que alcance el 30% en el año 2030.

Una parte importante del crecimiento anual de población ha sido posible el aumento de los residentes extranjeros, 1.300.000 en el año 2002 y 5.400.000 en el 2022. El lado negativo de la inmigración es que genera transformaciones en la forma de vida y costumbres que, a su vez, pueden ocasionar efectos negativos a largo plazo.

Las consecuencias sobre el sistema público de pensiones está en boca de todos, sin que se adopten soluciones eficaces y justas, porque pagar las pensiones con cargo a los presupuestos generales del Estado sería injusto e igualmente insostenible; de la misma manera que el recurrente endeudamiento tampoco es una solución.

Cada día se habla del despoblamiento de la España rural interior, en la que los mayores quedan en situación de soledad, dependencia y precariedad de servicios; añadamos que determinados servicios dirigidos a niños y jóvenes, como las escuelas, quedan en desuso o se mantienen con un coste desproporcionado.

En el mercado de bienes y servicios se altera la composición de la demanda en función de la cambiante distribución de la población por edades, con grupo con necesidades muy diferentes. Obviamente, en el ámbito empresarial se plantean también importantes problemas, entre otros, la dificultad para que los trabajadores se adapten al continuo proceso de cambio en el conocimiento y la tecnología, el previsible aumento de las bajas laborales, mayor dificultad para adaptarse a trabajos que requieran esfuerzo físico, disminución de la productividad.

¿Cuál es la solución? Entre las más aceptadas se encuentran las ventajas fiscales en el IRPF en función del número de hijos, con especial protección a las familias numerosas, y las ayudas directas en el momento del nacimiento y durante la primera infancia.

La generalización de la gratuidad de las guarderías infantiles es una eficaz medida para armonizar la vida laboral con la atención a la familia. El teletrabajo, cuando es posible, resulta también una valiosa ayuda, lo mismo que la flexibilidad de horarios.

La posibilidad de que la mujer embarazada, olvidada por la otra parte que aplicó el “si te he visto no me acuerdo”, y rechazada por la familia y su entorno más próximo, pueda sentirse acogida y apoyada materialmente, resultaría igualmente una medida adecuada.

También habrá quien necesite ayuda externa retribuida para el cuidado de los hijos durante la jornada laboral o por otras circunstancias. Hasta hace unos meses, las familias numerosas, en torno a 700.000 en la actualidad, contaban con determinadas bonificaciones en las cuotas de la seguridad social que pagaban por las empleadas del hogar; pues bien, el Real Decreto-Ley 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, las suprime. Esta medida dará lugar a una disminución en la demanda del servicio.

Tal vez los diputados que votaron a favor de la supresión piensan que tener 3 o más hijos en la sociedad actual es un lujo propio de ricos.

Esta y otras medidas ideológicas relacionadas con la mujer corroboran el desprecio, o falta de aprecio, de nuestros gobernantes a las consecuencias del problema demográfico, con el razonamiento keynesiano “a largo plazo todos calvos”.@mundiario
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