El objetivo de esta norma era poner coto a la intervención de determinados mediadores que cobraban una comisión abusiva en el momento de su intervención para convertir los vales reales en dinero efectivo. El incumplimiento de la norma sería castigado con penas de destierro e, incluso, de presidio: “exclusivamente podrán intervenir los Corredores Jurados de número de cada plaza, con la indispensable condición… de llevar en sus libros asientos formales de estas negociaciones.”