Real Cédula aprobada en San Ildefonso el 16 de septiembre de 1784, por la que se recuerda la necesidad de dar cumplimiento a lo ya preceptuado en otras disposiciones anteriores en relación con la prohibición de que “…ninguna persona comerciante, mercader o de otra clase pueda dar ni dé a préstamo cantidad alguna en mercaderías de cualquier especie que sean, ni los Escribanos otorguen escritura alguna sobre tales contratos so pena de suspensión de oficio por dos años… y de perder la cantidad dada así a préstamo…”.