Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, se considera apátrida a toda persona que no sea reconocida como nacional por ningún Estado, conforme a su legislación. Quienes sufren esta condición quedan totalmente condicionados por el sistema legal del país donde se encuentran, aunque el derecho internacional obliga a los Estados a tratarlos como a un nacional más siempre y cuando respeten las normas del país.

De la misma forma, la convención prohíbe la discriminación étnica, religiosa o racial por parte de los Estados, obligándoles a aplicar las disposiciones establecidas en la misma como carta fundamental de los derechos y deberes de los apátridas. No obstante, estas cuestiones no siempre se cumplen, demostrando, una vez más, las limitaciones e incompetencia del derecho internacional.

Es importante establecer la diferencia entre aquellas personas que son apátridas y aquellas que pertenecen a una nación sin Estado. La apatridia es estatus jurídico según el derecho internacional e implica por definición la falta de nacionalidad. Sin embargo, las naciones sin Estado hacen alusión a pueblos o grupos culturales sin Estado propio, sin implicar esto obligatoriamente la falta de nacionalidad.

Un ejemplo de comunidad apátrida son los rohingyas de Myanmar, etnia musulmana sometida a fuertes represiones desde el siglo XVII y cuya persecución ha provocado su desplazamiento a campos de refugiados en Bangladesh. Otro caso es el de los bidunes, grupo cultural del Golfo Pérsico formado por tribus autóctonas que no fueron inscritas como ciudadanas en los nuevos Estados formados en la región a partir de los años cincuenta.

En Europa destaca la población rusófona en Estonia. Tras su independencia de la URSS en 1991, muchas personas de origen ruso quedaron catalogadas como “no ciudadanos”, sin cumplir los requisitos para obtener la nacionalidad estonia ni tener necesariamente la rusa. Esta situación limita derechos fundamentales, como la participación política y el acceso a ciertos servicios, mostrando cómo incluso en Estados con sistemas legales consolidados pueden surgir vacíos que perpetúan la apatridia.

Por otro lado, los principales casos de nacionales sin Estado son los kurdos y los palestinos. La gran mayoría de kurdos cuentan con la nacionalidad de uno de los cuatro países entre los cuales está dividido el Kurdistán: Irak, Irán, Siria o Turquía. Por otro lado, los palestinos, pese a que muchos de ellos son considerados apátridas (refugiados en el Líbano), existe otro porcentaje que cuenta con la nacionalidad israelí o la jordana.

En 1961 tuvo lugar la Convención para reducir los casos de apatridia, desarrollada por ACNUR. Este tratado establece normas para evitar la privación de nacionalidad y garantizar que nadie nazca apátrida, asegurando, por ejemplo, que los niños nacidos en un territorio adquieran la nacionalidad del país si no reciben otra.

Más de 70 Estados forman parte del tratado, entre ellos España, que cumple un papel clave respecto a Marruecos, quien suele utilizar a su población como poder blando contra España. El país magrebí suele denegar la documentación a sus nacionales en el extranjero, de modo que no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos. En esos casos, el Código Civil español obliga a conceder la nacionalidad española para evitar nuevos apátridas.

En conclusión, la apatridia constituye una vulneración de los derechos humanos que afecta a millones de personas en todo el mundo. A pesar de los instrumentos internacionales y de los esfuerzos de Estados la falta de implementación efectiva de estas normas, junto con factores históricos, políticos y administrativos, mantiene a muchas personas en un limbo legal.