La ciudad alegre y confiada, del Premio Nobel Jacinto Benavente, narra la situación de un país imaginario en el que, mientras sus gobernantes se debaten entre el pacto o la guerra con el enemigo, los ciudadanos viven alegres, confiados en la sabiduría de sus líderes.

España es, en una gran parte, ese país que se divierte y se distancia de ciertos problemas, ¡porque confía en la gestión de sus gobernantes! Y pelillos a la mar.

El Juan Español, alegre y confiado, considera preocupante, según diversas encuestas, la situación de vivienda, paro, economía en general -porque lo viven directamente o en su círculo más próximo- y la situación política, que cada día nos sorprende con un escándalo nuevo -ya sea “casquería”, recortes de prensa, bulos infundados, maledicencias de los seudo medios, la maliciosa investigación prospectiva y el exceso de celo de algunos jueces.

Pero tras esa preocupación genérica se encuentran otros retos solapados, que no forman parte de la vida diaria de los españolitos. En el ámbito económico, la deuda pública, permanentemente creciente como consecuencia de un déficit crónico al que no se pone freno, y el caos de la Seguridad Social. La situación actual de descenso de los tipos de interés alivia la carga financiera y puede servir para mantener la ceguera de nuestros gobernantes, que seguirán sin racionalizar ni el gasto público ni el sistema de pensiones.

En lo político, la permanente tensión y exigencia de los independentistas catalanes, genera situaciones de desigualdad entre españoles y territorios, difícilmente soportables.  En el ámbito judicial tenemos un funcionamiento subvertido del Tribunal Constitucional, al mando del dócil, y no cándido precisamente, Conde-Pumpido.

La deuda y el gasto públicos han crecido en torno a un 35 %, en el período 2018-2024; sin considerar el aumento derivado las obligaciones de gasto militar pendientes con la OTAN.

La Seguridad Social sigue su plan de huida hacia adelante, pues las recaudaciones anuales por cotizaciones apenas permiten pagar el 72 % de los compromisos contraídos con los pensionistas. Su endeudamiento pasó de 16.000 millones en el año 2017 a 116.000 millones a finales del año 2024. Un sistema difícilmente sostenible, si no se lleva a cabo una drástica reforma que contemple, entre otras medidas, la creación de una hucha personal para cada cotizante, nutrida con el importe periódico de su cotización individual previa deducción de un % destinado a un fondo solidario de compensación. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Sería razonable, pero impopular.

Otro desafío importante es la consecución de la independencia efectiva del sistema judicial, empezando por una reforma que permita a los jueces elegir directamente a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Habría que añadir, la concesión de más recursos personales y materiales al poder judicial, pues cuando la justicia pierde inmediatez, es decir, deja de ser rápida y eficiente, queda desvirtuada.

El Tribunal Constitucional se ha ido convirtiendo, con el transcurso del tiempo, en un tribunal de instancia, pese a sus funciones claramente tasadas en el artículo 161 de la Constitución. No forma parte del Poder Judicial, regulado en el Título VI, sino que  aparece regulado separadamente en el Título IX. No tengo una opinión fundada sobre la forma de reconvertirlo; tal vez podrían facilitarla: la modificación de la forma de elegir a los integrantes del CGPG, que atenuaría su politización; la colaboración de todo el ámbito jurídico y político en cuanto a un recto uso del recurso de inconstitucionalidad y, finalmente, unas decisiones más estrictas del propio TC en cuanto a la admisión de recursos.

España no puede seguir siendo un país alegre y confiado, porque sus gobernantes no merecen esa confianza, por lo menos para un buen número de españoles.