Los movimientos migratorios existen desde que el ser humano pisó la tierra. Las causas, según los momentos históricos, han sido muy diversas: catástrofes naturales; grandes cambios climáticos; persecuciones ideológicas, políticas, sociales o de otro tipo; hambre; conflictos bélicos; búsqueda de mejores condiciones laborales, sanitarias, de educación, etc.

Se oye con frecuencia que una gran parte de los inmigrantes que llegan a España van bien vestidos, tienen cuerpos atléticos, teléfono móvil… Las generalizaciones nunca son justas ni exactas y podrían calificarse hasta de simples.

También se habla de barcos lanzadera de las mafias, que llevan a los migrantes hasta el límite de las aguas jurisdiccionales del país que pretenden alcanzar y allí continúan en cayucos o balsas de goma. Los medios de comunicación dieron información sobre casos de esta naturaleza, pero si fueran tan frecuentes como se dice, tendríamos evidencias gráficas de tan deleznable acción.

Naturalmente, habrá quien migre en avión, con pasaporte y con dinero de bolsillo en busca de una vida mejor, pero no son, ni mucho menos, la mayoría.

Según datos del año 2020, en torno a 280 millones de personas vivían fuera de su país de origen, ya fuera India, México, Rusia, Siria, China, Pakistan, Ucrania, Afganistán, etc.

La población extranjera residente en España el uno de enero del año 2024 se elevaba a más de 9 millones de personas. La cifra de inmigrantes ilegales, con la dificultad que implica su concreción, oscilaría en torno a los 500.000.

La permisividad del actual Gobierno en relación con la inmigración ilegal, se apoya, hipócritamente, en la cuestión humanitaria. Sin embargo, una vez llegan, no pueden trabajar legalmente, aunque encuentren la oportunidad, y quedan abandonados a su suerte.

“…hay que dar respuesta (a la migración), apostando por una migración regular, ordenada y segura, que ponga en el centro los derechos humanos.”

Esta clara y terminante declaración de principios sobre el fenómeno migratorio, aparece en la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley sobre la “delegación” (ni cesión ni traspaso) de competencias en materia de inmigración a la Comunidad Autónoma de Cataluña, presentado recientemente en el Congreso de los Diputados por el PSOE y Junts.