Indultos, supresión del delito de malversación sin lucro, pacto económico y amnistía al gusto de los sediciosos.

Pero Junts continúa planteando reivindicaciones económicas y valoran la deuda ¿histórica? del Estado con Cataluña en 450.000 millones de euros, como si se tratara de una indemnización de guerra o postcolonial.

Y el motivo alegado por Sánchez para claudicar, es la reconciliación entre el Estado y Cataluña. Una reconciliación que no existe, solo hay intereses, él lo sabe, aprieta las quijadas y huye hacia adelante, mientras haya algo que conceder. Puigdemont ha recordado hace unos días que “Ahora toca el derecho de autodeterminación”.

Sánchez ha rechazado esta exigencia en numerosas ocasiones de forma contundente, vaticinio de lo que puede suceder, pues siempre está dispuesto a cambiar de opinión o a reinterpretar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, si a él y a sus coristas les queda algo.

Nunca he querido opinar sobre el reconocimiento del derecho de autodeterminación ni sobre la convocatoria de un referéndum, porque supondría aceptar ante mí unos hechos, que, racionalmente, me niego a admitir, aunque solo sea como hipótesis: la Constitución sería pisoteada, la España de la Transición desaparecería e iniciaríamos un período de peligrosa inestabilidad.

¿Por qué lo hago hoy? Porque lo veo probable —“Suceso sobre el que hay buenas razones para pensar que sucederá”-, pues quien dirige España no tiene principios y, por carecer de ellos, anda también escaso de escrúpulos.

Por otra parte, los que dicen “lo de Cataluña es cosa de políticos”, “que se vayan de una vez”, los que no votan… pero se quejan y los que votamos: ¿hemos pensado en las consecuencias de lo que sucedería? Pues debemos hacerlo y dejar a un lado la frivolidad.

Los independentistas vascos y gallegos -que incluyen el supuesto derecho de autodeterminación en sus programas, como si hubieran sido colonias durante cientos de años-, esperan al acecho y azuzan cuando ven la oportunidad.

La forma de ejercerlo – recordemos los referéndums ilegales de los años 2014 y 2017- consistiría en estirar el Estatuto de Cataluña y la Constitución hasta límites fantásticos, para que el referéndum, o la consulta, tuviera un disfraz de legalidad, no vinculante, pregunta inocente para dar al pueblo la oportunidad de ejercer pacíficamente el derecho a expresar su opinión.

¿Cuál sería la pregunta? Asunto básico a concretar: “¿Debería ser Cataluña un país independiente?”, “¿Estaría en contra de que Cataluña sea un país independiente?”, “¿Acepta que Cataluña sea una república soberana asociada al Reino de España?”, …

¿Qué sucedería si los catalanes -porque el referéndum sería solo en Cataluña, claro- votaran NO mayoritariamente?; aún habría que preguntarse, ¿valdría cualquier mayoría sin tener en cuenta la abstención?, ¿continuarían con las exigencias económicas y políticas?, ¿renunciarían a la declaración unilateral de independencia?

Si el resultado mayoritario arrojara un SÍ: ¿Hemos reflexionado sobre la forma y el contenido de la negociación? Ahí está, a otro nivel, el ejemplo del Brexit para hacernos una idea de su complejidad y del despiadado juego de intereses.

La deuda pública del Estado español, ¿se distribuiría entre España y la república soberana de Cataluña?; en caso afirmativo -a la vista de las actuales reivindicaciones parece poco probable-. ¿en qué proporción?

¿Y la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica que aún no hubiera sido condonada, …?

España continuaría siendo miembro de la UE y Cataluña quedaría fuera; ¿o pretendería acogerse a la fórmula de estado asociado a España para intentar conservar las ventajas de la UE?

¿Sería admitida la república catalana en instituciones internacionales como la ONU, FMI, OCDE, Banco Mundial, UE, etc.?, ¿qué países reconocerían al nuevo Estado?

¿Qué tipo de relaciones comerciales y financieras pretendería tener Cataluña con España?

Sistema judicial propio, texto constitucional propio, seguridad social propia, régimen sanitario propio, sistema de pensiones propio, …, pero ¿exigiría aportaciones de España para el pago de las pensiones en vigor?, ¿qué sucedería con el déficit acumulado del sistema de pensiones?

Podríamos ampliar la lista de cuestiones a negociar, entre otras, las infraestructuras existentes o en proceso de construcción, bienes culturales, bienes en el extranjero, fondos europeos pendientes de entrega, etc.

Parecía ciencia ficción, pero ahí está el objetivo final de la república soberana de Cataluña. Y, tal vez, lo peor de todo, es que Sánchez dice, una vez más: ¡no cabe en la Constitución! Este es el peligro. @mundiario
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